26 agosto 2013

Contraloría detecta irregularidades en nombramiento de directora ejecutiva del Cruch y evalúa sumario



Por Jorge Molina Sanhueza/ The Clinic

La situación quedó al descubierto luego que la secretaria general del Consejo de Rectores, Claudia Reyes, pidiera un pronunciamiento al organismo fiscalizador, porque a su juicio había “superposición de funciones” con la directora ejecutiva María Teresas Marshall. En el dictamen que publica The Clinic Online, se establece que el contrato firmado por el vicepresidente ejecutivo y rector de la Universidad de Santiago (Usach), Juan Manuel Zolezzi, hay serias anomalías. Por ejemplo, que se vulneró el buen uso de las platas fiscales y la eficiencia. Además, Marshall debía ser ratificada por la Contraloría, pero su contrato nunca fue enviado para la toma de razón.

La Contraloría detectó una serie de irregularidades administrativas en el Consejo de Rectores de la Universidades Chilenas (Cruch), principalmente en el nombramiento de la directora ejecutiva María Teresa Marshall, quien sólo está contratada a honorarios. Lo anterior, luego de que la secretaria general de la entidad Claudia Reyes Gutiérrez solicitara un pronunciamiento al organismo fiscalizador por la “superposición de funciones” entre su cargo y el de Marshall.

En el dictamen -que publica The Clinic Online- se establece que en el Cruch efectivamente que Reyes y Marshall hacen una pega bastante similar.

El contrato de esta última fue firmado y autorizado por el vicepresidente ejecutivo y rector de la Universidad de Santiago (Usach), Juan Manuel Zolezzi.

Invisible

Según la Contraloría, luego de analizar los contratos queda “de manifiesto que existe una superposición de funciones entre las que ejerce la Secretaria General del CRUCH y las asignadas a la señora Marshall Infante”. Toda vez que la plaza o cargo de esta última es “inexistente en la normativa que rige al Cruch”, señala el dictamen.

El hecho, de acuerdo a la entidad revisora, contraviene la ley que rige a los funcionarios de la administración central del Estado.

Por ello, al contratar a Marshall, se vulneraron los principios rectores como la eficiencia y “velar por el uso eficiente e idóneo de los medios públicos”, es decir no usaron adecuadamente las lucas del fisco.

El organismo dirigido por Ramiro Mendoza recordó que en al menos 5 dictámenes sobre materias similares “ha señalado que las personas bajo la modalidad de honorarios no pueden desarrollar actividades habituales en la institución en la cual son contratadas como lo son las de carácter directivas o de jefatura, en atención a la transitoriedad de tales empleos ya que quienes las desempeñan no poseen la calidad de funcionarios públicos y que, por ende, carecen de responsabilidad administrativa”.

En esa línea, acreditó que a Marshall no debieron autorizarle las mismas funciones que Reyes ya que son exclusivas de esta última, además de pertenecer al organigrama jerárquico del Cruch.

Suma y sigue

No es la única anomalía. Sucede que el contrato de Marshall debió ir a la Contraloría para su examen de legalidad, lo que en este caso no ocurrió. De haberlo hecho, es altamente probable que el organismo no hubiera dado pie a la situación y habría representado la decisión de Zolezzi.

Luego de analizar los antecedentes la Contraloría ofició a Zolezzi para que corrija a la brevedad las irregularidades y le informe al organismo las eventuales responsabilidades administrativas que están detrás de la contratación.


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