Publicado por La Nación.
Subsecretario de Justicia, Juan Ignacio Piña, dijo que han hecho un esfuerzo para mejorar la situación de 1.153 trabajadores, con lo que no alcanzan a los 2.200 que exigen los funcionarios del organismo.
El Subsecretario de Justicia, Juan Ignacio Piña, señaló que el principal obstáculo que tiene el Gobierno para llegar a un acuerdo que ponga fin al paro de los trabajadores del Registro Civil está en la solicitud de aumento de grado para 2.200 trabajadores, en circunstancias de que la autoridad afirma que puede hacerlo con 1.153 empleados.
"Donde estamos en este minuto -no voy a decir entrampados, pero todavía trabajando- es en una solicitud de aumento de grado para el orden de 2.200 funcionarios. La Asociación de Funcionarios pide un aumento de dos grados para esos 2.200 funcionarios, y la verdad es que en el marco de estas negociaciones, nosotros habíamos hecho un esfuerzo inicial que permitía la mejora de 1.153 funcionarios -no significa que los otros queden absolutamente postergados, pero que no se mejoraban ahora inmediatamente-", sostuvo.
Según Piña, "el espíritu que ha tenido este Gobierno y la Asociación en el marco de las negociacionesdurante el año ha sido más bien de diálogo, no nos queremos centrar en las cosas que nos separan, sino que ojalá podamos poner más énfasis en aquellas que nos juntan, y hagamos los esfuerzos para que esta semana lo resolvamos y dejar de producir este impacto en los usuarios".
FUNCIONARIOS
La presidenta de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil, Nelly Díaz, sostuvo que existe "descontento al interior del servicio", frente a lo que ofrece el Gobierno para aumentar el grado de los funcionarios.
Señaló que no han tenido conversaciones con las autoridades del organismo desde que se inició el paro desde el 30 de agosto.
ENTREGA DOCUMENTOS
Díaz dijo que el Gobierno pretende enfrentar a los trabajadores del servicio con los usuarios: "Aquí quién tiene que darle respuesta a los usuarios es la Dirección Nacional (del Registro Civil). La falta de respeto a los usuarios desde el Gobierno, porque se planteó una cédula y pasaporte estrell,a que no estaba habilitado cuando correspondía".
A su juicio, el gran problema es que la dirección del Registro Civil invirtió una millonaria cifra para adquirir la nueva tecnología, pero sin darles mayores beneficios a los trabajadores.
Criticó que el Gobierno entregue la prioridad a la entrega de pasaportes durante la huelga, cuando "hay personas que necesitan una cédula de identidad para cobrar un finiquito o una pensión".
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