La investigación constató que se priorizó “el lucro por sobre los intereses educacionales”. Los querellantes pedirán que se investigue la simulación de contratos.
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| Cooperativa |
Un informe elaborado por la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI de Iquique concluyó que la Universidad del Mar privilegió "sus intereses de lucro por sobre los educacionales" y estafó a sus alumnos.
El informe fue entregado en marzo pasado al fiscal de Tarapacá, Manuel Guerra, quien investiga una querella por estafa en contra de quienes resulten responsables presentada en agosto de 2012 por 649 estudiantes de la sede de Iquique y patrocinada por el abogado Matías Ramírez.
Los resultados de la PDI, que fueron conocidos por los estudiantes hace unas semanas, se basan en diversos testimonios de docentes y ex rectores de la sede universitaria, y confirman hechos irregulares en la Corporación Universidad del Mar, como el ejercicio de traspasar pagarés de los alumnos a empresas de factoring, que "es una práctica habitual de la Universidad del Mar; las cuales en gran parte fueron ejercidas en la casa central ubicada en la ciudad de Viña del Mar", se indica, según reproduce este martes El Mostrador.
La Policía detalló el uso de los arriendos de las sedes de la Universidad del Mar como una forma de pagar a sus controladores y autoridades a través de sociedades espejo, como la Inmobiliaria e Inversiones Doña Teresa Ltda. y Comercial Vizu Ltda., ambas ligadas a los dueños de la Universidad, entre ellos los ex rectores Héctor Zuñiga y Raúl Baeza.
La PDI constató que el ex rector de la sede Iquique Daniel Greenhill Martínez se vinculó al negocio a través de la Sociedad Educacional Aula XXI Ltda., donde tiene una participación de 40 por ciento. En situación similar se encuentran el director de la Escuela de Derecho, Max Barrera Perret, que posee un 30 por ciento en dicha sociedad.
El vicerrector de la sede Iquique, Nelson Castillo, relató a la Policía cómo el arriendo de la sede ubicada en la Avenida La Tirana tenía el año 2003 un costo de 1.020 UF, que en 2005 aumentó a 1.350 UF mensuales y un año después se ajustó a 1.779 UF.
"Creemos que hay una simulación de contratos, porque las partes que celebraban los contratos de arriendo eran las mismas, como que el rector era dueño del inmueble. Firmaba como rector los contratos de arriendo con la empresa de la que también era dueño, o sea, fijaba a beneficio personal los costos", dijo a El Mostrador el abogado Matías Ramírez, quien adelantó que con este informe solicitará "diligencias más específicas".
El informe de la Bridec anotó además millonarias deudas salariales de la sede Iquique, que a marzo de 2013 sumaban más 273 millones de pesos ($ 273.033.443) por sueldos impagos, más cotizaciones previsionales equivalentes a 314 millones de pesos adeudadas.
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