Ejercicio realizado durante 2012 evaluó a 1.786 recintos del país. Un 22% presenta faltas “graves”.
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| La Tercera, Fabiola Melo |
No tienen resolución sanitaria ni recepción de obras. Algunos no poseen patente ni la cantidad suficiente de educadoras por niño. Estas son las “situaciones graves que comprometen la seguridad de los párvulos”, que afectan a 397 jardines particulares del país, un 22% del total, y que se revelaron tras una fiscalización que realizó la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) el año pasado.
En otros 380 jardines, de un total de 1.786, se encontraron situaciones anómalas, como ausencia de contratos de buena participación con la comunidad, o bien falta de mejoras comprometidas en techumbres o de vidrios rotos, explican en la Junji. Debido a esto, fueron clasificados en el nivel medio bajo de cumplimiento, sumando en total 777 establecimientos que no cumplen con los estándares de funcionamiento mínimos, es decir, el 43%, de los jardines privados.
En tanto, 588 establecimientos, correspondientes al 33%, tuvo cumplimiento medio, es decir, cumplen con lo mínimo requerido para operar, mientras que el 24% obtuvo un alto nivel.
Los planteles fueron evaluados en cinco áreas: infraestructura y seguridad, número de educadores y técnicos por niño; títulos del personal a cargo, higiene y alimentación, y políticas de buen trato y prevención de abusos sexuales.
De los evaluados, 850 estaban empadronados, es decir, tienen una certificación de Junji, y 936 no poseen acreditación.
El jardín peor evaluado fue Pintitas II, de Puente Alto, que cumplió sólo el 5% de los estándares. Le sigue el jardín Ven-Jamin, de Maipú, que alcanzó el 19% del cumplimiento. En tercer lugar se ubicó la Guardería Dolly, de Puente Alto, que cumplió con el 22%. La Tercera intentó comunicarse con ellos sin obtener respuesta.
Sí accedió a responder el jardín Il Bambino, de Independencia, que obtuvo un 37% de cumplimiento. La directora del jardín, Ana Luisa Pesce, explica que la fiscalización se realizó en verano y eso la perjudicó. “Yo estaba de vacaciones, pero seis papás necesitaban dejar a sus hijos en algún lado. Una estudiante en práctica, titulada, decidió cuidarlos. Yo le presté el jardín. Cuando Junji fue no pudo acceder a los permisos municipales; estaban en mi oficina y ella no tenía acceso”, relata.
La directora asegura que “si ahora viene Junji, todos los aspectos mejoraron”.
Las áreas más débiles
Según la fiscalización, el 60% de los establecimientos no cuenta con protocolos para situaciones de maltrato y el 49% no tiene estrategias de prevención contra abuso sexual. Este último punto se volverá obligatorio una vez que se apruebe la nueva ley que fiscaliza a los jardines.
El nivel de cumplimiento fue más bajo en jardines no empadronados. El 44% de ellos no presentó recepción final de obras y el 50% no tenía resolución sanitaria.
El área más grave para la Junji tiene que ver con los títulos del personal. A nivel general, el 34% de los jardines no presentó los títulos de las educadoras. El 52% tampoco documentó los títulos de su personal técnico. La directora de la Junji, María Francisca Correa, advierte que no significa que los funcionarios no estén titulados, sino que en la fiscalización los documentos no estaban en el recinto.
“Es clave que las personas sean profesionales. No da lo mismo tener una educadora o un técnico con o sin título”, dice Correa. Agrega que los títulos deben ser de entidades reconocidas por el Ministerio de Educación.
Entre los recintos no empadronados, el 52% no tenía los títulos de educadoras y el 67% tampoco presentó los del personal técnico.
“Los jardines que no están empadronados no cumplen con lo básico y no garantizan la calidad de los aprendizajes”, dice la directora de Educación Parvularia de la U. Alberto Hurtado, María Isabel Díaz.
Esta es una de las materias que busca solucionar el proyecto que regula los jardines infantiles y salas cuna. La iniciativa, que avanza a votación en general en el Senado, establece que el Mineduc autorizará su creación y funcionamiento. Además, exige, por ejemplo, que exista un proyecto educativo.
“Hoy es más fácil abrir un jardín infantil que una botillería. Existe mayor regulación y control para vender alcohol que para cuidar a nuestros hijos”, asegura la ministra de Educación, Carolina Schmidt.
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