El escándalo económico que protagoniza el ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, no sólo puede perjudicar a la empresa minera SQM, sino también las pensiones de los trabajadores chilenos que cotizan en las AFP.
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| ANEF |
Seguramente le suena el “caso cascadas”, lo ha escuchado en alguna radio o en la televisión. A pesar del nombre, el evento no tiene nada que ver con agua cayendo, sino más bien compras y ventas de acciones de la empresa SQM, firma que hasta la década de los 80’s era la estatal SOQUIMICH.
Julio Ponce Lerou, ex yerno de Augusto Pinochet, fue funcionario de CONAF y rápidamente durante la dictadura adquirió el control de la Sociedad Química y Minera de Chile, SQM o SOQUIMICH. Él es el protagonista del actual escándalo financiero. Durante el régimen militar la firma era la minera más grande del país dedicada a la extracción y venta de minerales no metálicos, como el yodo, azufre y litio.
¿Qué ocurrió?
El pasado mes de Septiembre la Superintendencia de Valores (SVS) presentó cargos en contra de Ponce Lerou, argumentando que algunas de las sociedades dueñas de la SQM - Norte Grande, Pampa Calichera y Oro Blanco- participaron en operaciones de compra cuestionables que terminaron por aumentar el control de Ponce Lerou y otros accionistas mayoritarios, mientras que habría perjudicado el valor de las acciones de los minoritarios y de las AFP, que invirtieron en dicha empresa.
El abogado querellante Mauricio Daza explicó a El Dínamo que las cascadas consisten “en que una sociedad cascada controlada por Julio Ponce Lerou vende en bolsa un paquete de acciones a un precio artificialmente bajo a un palo blanco. Este palo blanco minutos después vende ese mismo paquete de acciones a otra cascada, pero en esta oportunidad lo hace a un precio artificialmente alto”.
Para realizar dichas transacciones, el ex yerno de Pinochet, según el análisis de la SVS, habría usado 37 sociedades de papel, de las cuales 5 son cascadas, algunas relacionadas con importantes referentes del mundo financiero, como Roberto Guzmán, Alberto Le Blanc, Luis Saldías Varas y Leonidas Vial (relacionado con la corredora LarraínVial, involucrada también en el caso).
El cuestionado empresario, como estrategia de defensa en el Ministerio Público y en la SVS, arguye que el superintendente Fernando Coloma no es independiente para investigar, ya que a través del fidecomiso ciego el presidente Sebastián Piñera figura como accionista de SQM en dos de las sociedades dueñas de la empresa.
Los ahorros de los trabajadores
Tras el conocimiento público de que las AFP se habrían visto afectadas por las transacciones de Ponce Lerou, el pasado 11 de noviembre las AFP hicieron pública una postura común, rechazando las críticas y exponiendo que su prioridad estaría en proteger el dinero de las pensiones de sus afiliados.
Según explica El Mostrador, “considerando las inversiones en SQM, las platas que arriesgan las AFP en las empresas del grupo de Ponce Lerou suman US$ 757 millones, según precisó la superintendenta Berstein, el 30 de octubre pasado, cuando compareció en el Senado, para informar de esta situación, junto al superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma”.
El abogado Daza revela que las transacciones afectan también al monto de las inversiones que tienen las AFP: “la afectación tiene que ver en que el precio de acciones, como es artificial, en algún punto revienta y baja. Compraste a un precio artificialmente caro algo que no valía eso, y eso va a tener un impacto bajando el monto global en el dinero que cada uno tenemos para cotizar, y que van a servir para pagar las pensiones de cada uno de los chilenos”, afirma.
Mientras que la senadora Ximena Rincón calcula en 800 millones de dólares en pérdidas de dinero de pensiones.
Una vez más, tal como dejó en evidencia el caso La Polar, el dinero de los chilenos que ahorran para su vejez se ve en riesgo por negocios inescrupulosos. Sin embargo, en términos técnicos y estructurales, habría sido difícil evitar estas pérdidas, lo que pone en tela de juicio no sólo la ilegalidad del actuar de Ponce Lerou, sino el sistema mismo de funcionamiento e inversión de las AFP. Sobre todo, considerando que ante cualquier acción que se tome a futuro, es muy probable que de todas formas se generen pérdidas para las administradoras de pensiones.
Daza lo ejemplifica diciendo que las AFP “hoy día están atrapadas en una situación que es realmente impresentable: tienen que decidir si es que pagan o no un aumento de capital, en un contexto que existe información que da cuenta que éste iría a financiar una estructura que se ha denunciado como fraudulenta. Si no pagan, podrían ser que la sociedad respectiva quiebre, o que se diluya la participación de las AFP en estas sociedades y desmejoren su posición”.
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