La acción legal -que será presentada antes del 15 de mayo- cuenta con el apoyo de la Asociación Nacional de Magistrados que contrató a dos destacadas abogadas de la Universidad de Concepción, Amaya Alvez y Ximena Gauche. Ambas se reunieron -el pasado 27 de marzo- con la magistrada Karen Atala y Cecilia Medina, la primera presidenta mujer de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para afinar detalles. Las afectadas aseguran que la ley las discrimina por ser mujeres profesionales, ya que todas ganan más de un millón y medio. Una acción similar presentaría la Asociación Nacional de Fiscales. La idea es que el caso llegue a la Corte Interamericana de DDHH para que obligue al Estado a modificar el cuerpo normativo.
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De acuerdo a la información recabada por The Clinic Online detrás de la presentación está la Asociación Nacional de Magistrados (ANM) atendido el número de afectadas actualmente, como las que podrían serlo y que ganan más de 67,4 UF, el límite legal de retorno y que equivale a poco más de un millón y medio de pesos mensuales.
Para redactar el libelo, la ANM contrató a dos destacadas abogadas de la Universidad de Concepción, Amaya Alvez y Ximena Gauche, quienes junto con redactar la presentación se reunieron -el pasado 27 de marzo- con la magistrada Karen Atala y Cecilia Medina, la primera presidente mujer de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para generar líneas de acción.
Hay que recordar que Atala ganó un juicio en la Corte en cuestión, luego de que fuera discriminada en un fallo de la Suprema, que le impidió acceder a la tuición de sus hijos, atendido que es lesbiana.
All together now
La fuente de la directiva de la ANM explicó que se trata de una “acción colectiva, ya que nuestras afiliadas, al ser profesionales se ven afectadas en sus derechos y el Estado no ha dado una respuesta satisfactoria y en nuestro concepto este postnatal a todas luces atenta contra las garantías constitucionales de las mujeres que están pensando en tener un hijo, como también aquellas que se encuentran en los primeros meses de crianza. La ley debe respetar el derecho de todos”.
El rechazo al posnatal parental entre los jueces comenzó en 2012 con la presentación de un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago; luego en el Tribunal Constitucional y que terminó en la Suprema, siendo rechazado de plano.
Debido a que las instancias judiciales no dieron respuesta a los derechos conculcados, señala la fuente de la ANM, es que resolvieron llegar a la CIDH, con el fin de que el Estado genere una modificación legislativa al cuerpo normativo.
Si ello no ocurre, dijo el magistrado inquirido por este medio, seguirán con el caso ante la Corte “y creemos que tenemos todas las chances de ganar, por lo que el Estado deberá modificar esta ley que a todas luces es inconstitucional, porque deja a las mujeres del Poder Judicial y por extensión a todas las profesionales en una situación desmejorada”.
Una jueza que se sumará a la presentación explicó a este medio digital: “La ley se nos presentó como una chance de profundizar la relación y el apego madre hijo. Ahí todo es lindo, pero para eso se necesita dinero. Si tengo 70 por ciento menos de sueldo. ¿Qué se hace? Se trata de una discriminación por condición social. Las magistradas tenemos los mismos problemas”.
Otra jueza indicó: “Esto es una sanción, una discriminación abierta en contra de las mujeres profesionales de Chile. Estudié con beca, me saqué la cresta para lograr un título profesional y me castigan con este descuento. ¡Es irracional! Nos discriminan por los resultados que hemos logrado. Imagínate si hay una enfermedad de por medio, un accidente, en fin, un sinnúmero de hechos que pueden ocurrir, además yo no tengo un marido en casa, yo soy la jefa de hogar. En buen chileno no están viendo la cara”.
Si la Corte Intermericana falla en contra del Estado chileno, se deberán acatar dicha resolución.
Lea el fallo del Tribunal Constitucional:
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