Diversas razones explican los despidos generados por la Ley de Pesca, que según dirigentes sindicales no cumple con lo comprometido en cuanto a protección social. Agrupaciones y políticos llaman al Ejecutivo a revisar la polémica normativa impulsada por el Gobierno de Sebastián Piñera y el entonces ministro de Economía, Pablo Longueira.
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| Diario Uchile |
El presidente de la Federación de Trabajadores Pesqueros (Fetrapes), Juan Montenegro, denunció que a la fecha se han producido más de dos mil despidos a nivel nacional, de los cuales mil 400 ocurrieron en la región del Biobío.
Según el dirigente se trata de “los reales efectos” de la Ley Larga de Pesca, polémicamente conocida como la Ley Longueira.
“Obedecen principalmente a los resultados de la Ley de Pesca que hoy nos rige, ya que como era sabido las industrias pesqueras en primer lugar redujeron fuertemente su flota, continuaron con las fusiones, otras asociaciones y traspaso de cuotas que a la larga significan reducción de planta. Un ejemplo muy particular es lo que ocurrió en pesquera Olmar, donde cerca de 400 trabajadores fueron exonerados, pero no sólo despedidos, sino que además lo importante es que son puestos de trabajo que se pierden”, explicó.
Montenegro aseguró que la “plataforma social” que se comprometió durante la tramitación de la normativa “tiene un reglamento con letra chica”, por cuanto deja fuera de los beneficios al 80% de los trabajadores.
Además, acusó que el año pasado aprobaron mil 500 millones de pesos, para el apoyo a los trabajadores afectados, recursos que sin embargo, ya estarían asignados. Según Juan Montenegro, esa es la explicación dada por el subsecretario de Pesca, Raúl Súnico.
Ante la acusación el vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Nolberto Díaz, lamentó la situación generada y llamó a revertir la ley.
“Nosotros lo dijimos el año pasado y lo volvemos a decir ahora, la Ley de Pesca no es del agrado de la Central y creemos que pasado un año los perjudicados son los que nosotros señalamos. Al final los perjudicados son los pescadores en el propio mar y unas pocas familias disfrutan de la riqueza del mar chileno. Yo creo que el Gobierno tiene lo que tiene que hacer es volver a la situación anterior y no una Ley de Pesca hecha en el gobierno de Piñera para favorecer particularmente a siete familias”, enfatizó Díaz.
A su vez, la diputada socialista Clemira Pacheco, representante de la Octava Región y parte de la comisión de Pesca de la Cámara Baja, explicó que los fondos referidos quedaron “amarrados” desde la administración anterior.
“El gobierno anterior dejó comprometido más de cuatro mil. El gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet que está recién asumiendo no tiene más de 600 millones de pesos de esos cuatro mil 800 millones de pesos, para poder cubrir otras cosas anexas que se quisieran hacer. Porque ya están comprometidos y están gastados entre comillas, y hay que ejecutar una parte solamente porque ya se gastó en el gobierno anterior y dejó comprometido y casi gastado el gobierno anterior”, detalló la congresista.
La parlamentaria aseguró que los artículos de protección social en la normativa son muy débiles, ante lo que el dirigente de Fetrapes llamó a las autoridades a que cumplan su palabra.
Solicitó de esta manera programas para los trabajadores exonerados, la derogación del reglamento de la plataforma social, y la instalación de una mesa de diálogo para revisar la controvertida ley.
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