A LAS COMUNIDADES UNIVERSITARIAS FRENTE AL PROYECTO DE LEY DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO

El martes 17 de octubre tomamos conocimiento del texto del “Proyecto de Ley sobre Universidades del Estado” que fue aprobado por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, luego de varias indicaciones que formulara tanto el Ejecutivo como los Diputados. (Se adjunta documento).

Siendo un proyecto de ley de alta importancia para nuestras comunidades universitarias, que constituirá la base para reformar la institucionalidad que nos rige, queremos exponer nuestra visión respecto a su desarrollo y estado actual:

1. En su versión original, presentada por el Gobierno el 13 de julio, el proyecto de Ley sobre Universidades del Estado lo definimos como “antidemocrático” e “inhumano”, por mantener la misma estructura de poder heredada de la dictadura, y por atentar contra derechos laborales de los funcionarios. Esto último, porque nos eximía de la protección de normas del Estatuto Administrativo y de la ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado, propiciando con ello la inestabilidad laboral, la arbitrariedad en la gestión de personal y la pérdida de beneficios asociados a nuestra calidad de funcionarios públicos.

2. Ante esta amenaza que ponía en riesgo la paz de nuestros funcionarios y sus familias, así como las aspiraciones de una Universidad democrática, esta Federación junto con otros gremios nacionales, adoptó una posición de rechazo y actuó con la mayor determinación en la defensa de los derechos de los funcionarios. Parte de nuestras acciones fue la participación en el Frente por la Defensa de las Universidades Estatales, con la convicción de que sólo unidos estudiantes, académicos y funcionarios podíamos influir en el proyecto de ley y revertir aquellos aspectos negativos. En el marco de ese acuerdo sostuvimos reuniones y realizamos presentaciones ante Diputados de la Comisión de Educación, participamos en una mesa de trabajo con el Gobierno y motivamos a nuestras bases para movilizarnos.

3. Como resultado de estas acciones, y con la ayuda de Diputados que presentaron indicaciones a favor de las demandas del Frente, se ha logrado a la fecha lo siguiente:

- Mantener nuestra condición de empleados públicos y las leyes que rigen las relaciones laborales: Estatuto Administrativo y Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado (excepto párrafo primero de esta última).

- Política de personal que promoverá la aplicación de la carrera funcionaria en todas las Universidades del Estado.

- Incluir un artículo que nos permite una mejor frente defensa al acoso laboral, sexual y discriminación arbitraria.

- Participación de funcionarios, estudiantes y académicos en los dos órganos superiores de las Universidades.

- Mayor cantidad de representantes de la comunidad universitaria en el Consejo Superior versus representantes externos.

- Carácter resolutivo del Consejo Universitario (órgano similar al actual Consejo Académico).

- Posibilidad de que los Profesores por Horas de Clases, en la medida que son parte del estamento académico, tengan derecho a voto en la elección de Rector.

- Limitación a la reelección de los Rectores por una sola vez, considerándose como primer periodo del cargo aquel que haya asumido el Rector bajo la vigencia de esta futura ley.

4. Rechazamos aquellas disposiciones que atentan contra el principio de igualdad ante la ley, tales como:

- El artículo 18 que establece que sólo el estamento académico puede participar en la elección de Rector.

- El artículo 12 que establece que la presidencia del órgano superior sólo la puede ejercer un integrante del ámbito externo.

- El artículo 32  que excluye a las Universidades del Estado de la sanción de actuar como proveedores de algunas organizaciones en el sistema de compras públicas cuando cometen prácticas anti sindicales o vulneración de derechos laborales.

- Las disposiciones que establecen que algunas Universidades quedarán eximidas de la aplicación de la nueva normativa sobre gobierno universitario. Creemos que no todas ellas deben ser excluidas.

Nuestro gremio impulsará las acciones judiciales necesarias para revertir las situaciones discriminatorias.

5.- De igual forma, nos parece preocupante que se libere de la toma de razón de la Contraloría General de la República algunos actos administrativos relacionados con la compra de bienes y gestión de personal, y que se amplíen las facultades para aplicar la modalidad de trato directo. Estas disposiciones que han sido impulsadas por algunos Rectores, con el falso argumento de lograr una mayor eficiencia administrativa, vienen a poner en riesgo el patrimonio de nuestras Universidades, a fomentar la corrupción en la gestión económica y la arbitrariedad en las decisiones de personal (nombramientos, promociones, ascensos, encasillamientos, entre otras).

6. Si bien creemos que el proyecto de ley constituye un avance en materia de institucionalidad, deja sujeto a los estatutos propios de cada Universidad varias reglas y procedimientos que involucran la participación triestamental, lo cual nos hace augurar un escenario de fuerte conflicto interno al interior de nuestras Universidades.

7. Por otra parte, se mantiene y profundiza el modelo de gestión universitaria que ha sido un factor determinante en el deterioro de la calidad de la educación superior. En particular, no redefine lo que se entiende por calidad ni mejora la condición laboral precaria de quienes mayoritariamente imparten docencia. Tampoco contribuye a resolver el problema de financiamiento de nuestras instituciones.

8. No podemos dejar de mencionar las dificultades que hemos debido enfrentar en este proceso: el poder mediático de los Rectores (varios de los cuales han manifestado una posición favorable a la flexibilización laboral, a reducir los controles en la gestión universitaria y a mantener la elección de Rector centrada en el estamento académico); las diferencias de visiones entre los gremios de trabajadores; y, por último, la apatía y pasividad de nuestras propias comunidades universitarias.

Llamamos a las comunidades universitarias a la unidad y movilización para lograr los cambios que se requieren en el trámite legislativo que queda para la aprobación del proyecto de ley, de manera de hacer realidad nuestras reivindicaciones históricas y construir una Universidad y un país mejor.

DIRECTORIO FEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS DE UNIVERSIDADES ESTATALES DE CHILE

Betsy Saavedra, Presidenta (Universidad de Santiago de Chile)

Boris Barrera, Vicepresidente (Universidad de Chile)

Ramón Ávila, Secretario (Universidad de Santiago de Chile)

Juan Seccia, Tesorero (Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación)

Elizabeth Villesca, Directora (Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación)

Patricia Beristain, Directora (Universidad de Los Lagos)

Evelyn Díaz, Directora (Universidad de Los Lagos)