Muchos dicen que es bien bajo perfil, pero lo cierto es que no pasa inadvertido en el mundo político, donde más de un parlamentario –ya desde el año pasado– ha reparado en lo que consideran su inclinación a favor de ciertos intereses y su insistencia en fallar en contra de la defensa de los derechos de los trabajadores, varias veces a contrapelo de las resoluciones de primera o segunda instancia.
No hay medias tintas con este magistrado, lo quieren o simplemente lo detestan, detractores que se acuñan principalmente entre abogados laboralistas y el mundo político opositor, a pesar de haber sido nominado el 2006 por la ex Presidenta Michelle Bachelet. Es que la trayectoria del ministro de la Corte Suprema Patricio Valdés ha estado estrechamente vinculada al empresariado y su gestión desde el máximo tribunal –le critican– no ha sido proclive a la defensa de los derechos de los trabajadores.
Que en lo humano es “llano”, que “no anda de supremo por la vida” y que tiene “un muy buen humor”, son algunos rasgos de Valdés que destacan quienes lo conocen. Pero, entre los abogados que pululan por la Corte Suprema, se comenta que el ministro Valdés es visto por muchos casi como un “embajador del gran capital económico del país”, un título que no es gratuito, dicen, sino que se deriva de lo que fue su ejercicio profesional hasta que llegó al máximo tribunal.
Valdés fue gerente de la Sociedad Inmobiliaria Fomento Fabril S.A. desde el año 1971 a 1975; en paralelo y hasta 1976, además fue gerente de Distribuidora de Publicaciones Sudamericana “DIPUSA LTDA”; luego, hasta el año 1979, fue gerente general de la Sociedad de Fomento Fabril. En su carrera se agrega que entre 1976 y 1990 fue consejero de la Junta General de Aduanas, cargo que se repitió luego desde los años 1993 al 2006 y, por diez años, en el período entre 1985 y 1995, también fue director de la Administradora de Fondos de Pensiones “Concordia”, tiempo en que por dos años en paralelo –1988 a 1990- fue fiscal de la Comisión Chilena del Cobre, y del 2005 al 2006, árbitro del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago.
Este currículum, sumado a su desempeño en la sala laboral de la Corte Suprema, le ha hecho su fama de “embajador” del empresariado y no de todo, sino que de aquel sector más conservador. “Es bien de derecha”, dicen unos, que “le sale del alma”, mientras que otras voces jurídicas acotan que “no es amigo de los cambios” y que “es institucionalmente conservador”.
Muchos dicen que es bien bajo perfil, pero lo cierto es que no pasa inadvertido en el mundo político, donde más de un parlamentario –ya desde el año pasado– ha reparado en lo que consideran su inclinación a favor de ciertos intereses y su insistencia en fallar en contra de la defensa de los derechos de los trabajadores, varias veces a contrapelo de las resoluciones de primera o segunda instancia.
Más que comentarios de pasillo, esa preocupación parlamentaria quedó plasmada el 2012 en un proyecto de acuerdo firmado por varios diputados –entre ellos René Saffirio (DC), Guillermo Teillier (PC), Osvaldo Andradre (PS), Adriana Muñoz (PPD), Pedro Araya y Sergio Aguiló– en el que advirtieron que “la tendencia jurisprudencial de la sala laboral de la Corte Suprema en diversas sentencias ha dado lugar a interpretaciones que no se ajustan a los estándares tradicionales de interpretación de la ley”. Un cambio de dirección que se ha acentuado desde que Valdés preside –desde el año 2008– la Cuarta Sala del máximo tribunal.
EN LAS SOMBRAS
Se dice que jurídicamente Valdés es bastante sólido, es más, que es uno de los magistrados que “le da peso” a la Corte Suprema y también se habla de su cercanía con el actual presidente del máximo tribunal, Rubén Ballesteros, elementos por los cuales en el mundo judicial se le apunta como uno de los principales “operadores” del Palacio de calle Compañía, principalmente para tratar de influir en la composición de la Corte.
Así, a Valdés se le señala como el gran gestor de que el nombre del juez de la Corte de Apelaciones, Juan Muñoz Pardo, fuera incluido en la quina y elegido por el Presidente Sebastián Piñera para llenar la vacante que dejó el juez Jaime Rodríguez. La nominación fracasó estrepitosamente por cuestionamientos al magistrado por fallos que en su momento favorecieron la prescripción y la Amnistía en caso de DD.HH.
El gobierno al final cedió y retiró el nombre de Muñoz Pardo y propuso en mayo al Senado a la ministra Gloria Ana Chevesich, postulación de la cual también se señala a Valdés como uno de los principales promotores en las sombras. Esta vez hubo un intenso despliegue del gobierno y la propia Corte Suprema para que el ascenso de la ministra del caso MOP-GATE no fracasara tampoco, ya que estaba cuestionada por sus fallos anticonsumidores y suenfoque en materia de DD.HH, que generó división en la oposición.
Chevesich ascendió a la Corte Suprema y hoy comparte tareas con Valdés en la sala laboral, que también la integran los magistrados Rosa Egnem y Ricardo Blanco.
No son los únicos casos en que se señala que Valdés hizo gestiones de alguna índole. Es más, el año pasado hubo un cuestionado cambio de criterio en la Corte Suprema, ratificado en votación dividida en el pleno del tribunal, sobre la máxima antigüedad para integrar las quinas de ascenso por derecho propio.
Se dejó a un lado privilegiar el escalafón y ahora la máxima antigüedad corresponde a quien se ha desempeñado por más tiempo en la Corte de Apelaciones, con lo cual el juez Alfredo Pfeiffer tiene un cupo por derecho propio en todas las quinas para ascender a la Corte Suprema hasta que lo elijan o hasta el momento que jubile el año 2019.
Son movidas estratégicas, ya que cada ascenso en la Corte Suprema implica cambios en la correlación de fuerzas, factor clave a la hora de fallos complejos, polémicos o divididos.
Otras veces, la influencia no ha visto los frutos. Valdés también preside el Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL), el mismo que impugnó la candidatura senatorial de Luciano Cruz-Coke en la Región de Antofagasta.
De hecho, el fallo fue 4 a 1. Valdés fue el único que apoyó la postura del ex ministro de Cultura, quien no cumplió con el plazo de renunciar un año antes de los comicios para ser candidato al Congreso.
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