(Fuente: El Desconcierto)
Según denunciaron diversas organizaciones, se incorporó una excepción justo antes de la toma de razón por Contraloría que permite la construcción de proyectos inmobiliarios sin evaluación ambiental.
La denuncia fue presentada por diversas organizaciones sociales encabezas por la Clínica de Justicia Ambiental de la Universidad Diego Portales, quienes aseguran que en el Nuevo Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado en agosto del 2013, deja fuera de evaluación a los proyectos en las zonas más contaminadas del país.
Según la información de la Clínica de Justicia Ambiental, publicada en la Radio Universidad de Chile, la norma sólo sería aplicable a zonas declaradas como “latentes”, y que tengan vigentes planes de prevención y descontaminación.
Uno de los problemas detectados en la nueva normativa es que la excepción incorporada, que deja fuera de evaluación ambiental a proyectos inmobiliarios, no era parte de la propuesta inicial del nuevo reglamento y fue incluida justo antes que tomara razón Contraloría, por lo que no pudo ser objeto de observaciones ciudadanas, tal como han denunciado los opositores a la medida.
Las organizaciones sociales han manifestado públicamente su molestia y según aseguran como ejemplo, proyectos inmobiliarios o similares como un mall en Santiago, no requerirán de una evaluación ambiental, lo que contradice el mismísimo Plan de Prevención y Descontaminación de la Región Metropolitana.
Es por esto que se ha generado una gran polémica entre urbanistas y organizaciones relacionadas con el medio ambiente, las que ven peligrar el bosque del Panul ubicado en la Florida.
Desde hace varios años que en esa zona se quiere desarrollar un proyecto inmobiliario, el que ha sido rechazado dos veces en el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), pero que ahora, con la entrada en vigencia del nuevo reglamento ambiental, podría no necesitar de la aprobación por parte del ministerio del Medio Ambiente ni del Consejo de Ministros para Sustentabilidad.
Las declaraciones por parte de la organización “Defendamos la Ciudad” ha sido más duras, calificando al decreto, aprobado durante la administración del ex Presidente Sebastián Piñera, como ilegal por atentar contra la Ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente.
Esta denuncia agrava más el hecho que en ciudades contaminadas como Santiago, una de las herramientas acordadas para lograr mejorar la calidad del aire es la mantención y aumento de áreas forestales, las que permiten capturar carbono. Sin embargo, con la nueva excepción, éstas áreas que históricamente han estado en la mirada de empresas inmobiliarias, podrían disminuir considerablemente.
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