Las AFPs y capitalización individual…la gran gallina de los huevos de oro que se resiste a morir

El caso de las pensiones en Gendarmería, los ajustes a las tablas de mortalidad realizado por la Superintendencia de Pensiones y una creciente acumulación de malestar durante los últimos años en contra de las AFPs y el modelo de capitalización individual, han gatillado una fuerte impugnación ciudadana la cual trasuntó en una multitudinaria manifestación y cacerolazos en contra del actual modelo de pensiones, vigente por más de tres décadas y nacido al amparo de del Decreto Ley N°3.500 promulgado en 1980 durante la Dictadura Militar. Lo anterior, resultó en un importante punto de inflexión en la agenda de Gobierno, cuya obra gruesa hasta hace un par de semanas se encontraba en etapa terminal, postergando con esto el problema de las precarias pensiones para la próxima administración, lo que también le restó fuerza a las conclusiones de la Comisión Asesora Presidencial (Comisión Bravo) encargada de presentar propuestas de reforma al actual esquema de seguridad social  y al proyecto de AFP Estatal. Sin embargo y después de la marcha, el escenario cambió para el Gobierno, forzándolo a retomar el proyecto de AFP Estatal y obligando a la Presidenta a anunciar una serie de medidas tendientes a solucionar el problema de las bajas pensiones, no obstante, estas no rompen con la hegemonía del negocio de las AFPs y muchos menos con el mecanismo de pensiones autofinanciadas. Por otro lado, hemos presenciado un gran despliegue comunicacional por parte de las AFPs, el gremio que las agrupa y sus partidarios, dentro de los cuales destacan expertos y ex autoridades de gobiernos, quienes han validado y profundizado el modelo durante décadas y que hoy nos recuerdan las bondades de éste, mencionando que el problema de las bajas pensiones radica en la incultura en materia de ahorro de los trabajadores, y lo bajo de los salarios, sumado a la desdicha de vivir más. Más aún, vimos como el autor intelectual del Decreto Ley N°3.500, José Piñera, retornó al país para dar comienzo a una férrea defensa a la gran gallina de los huevos de oro que el Gobierno y los empresarios no quieren dejar morir.               

Para reflexionar respecto al actual sistema privado de pensiones, no se debe pasar por alto la tan cuestionada intervención de José Piñera en los canales de televisión abierta TVN y MEGA, quién si bien ha sido altamente cuestionado por su arrogancia, autoritarismo, lo disonante de la evidencia presentada por éste en cuanto al monto promedio de las retribuciones entregadas por el sistema y lo obsoleto de las alternativas de mejora que deberían ser introducidas al modelo, es imposible no reconocer lo acertado de su tesis respecto a la legitimación y absurda profundización entregada al sistema de AFP por parte de la clase política, mediante un sin número de reformas durante los veintiséis años transcurridos desde el primer gobierno de la Concertación. Esto deja de manifiesto cómo las AFPs y el capital transnacional que las avalan, han influenciado de forma transversal el espectro político y en particular a laIzquierda Parlamentaria la cual ha traicionado su ideario reformista/revolucionario de antaño (G. Salazar), permitiéndoles desarrollar un entramado de redes de poder que las mantiene vigentes y que las lleva a administrar los más de US$167.836 millones acumulados en nuestros fondos de pensión, equivalentes a un 70% del PIB. Todo esto ha resultado en una permanente negación del legítimo derecho de los trabajadores a decidir respecto a la lógica por la cual se deben definir los importes de sus jubilaciones y las formas de administración de sus contribuciones a la seguridad social. Por lo tanto, la primera reflexión da cuenta que “La acumulación de poder político por parte de las AFPs ha negado a la ciudadanía decidir cuál es el sistema de pensiones que determinará las prestaciones por jubilación del futuro”.

El negocio de las AFPs ha demostrado ser altamente lucrativo para aquellos que ostentan su propiedad, situación que queda de manifiesto al constatar que las AFPs han registrado gigantescos ingresos por concepto de Comisiones por Administración, los cuales a su vez han contribuido a la obtención de rentabilidades promedio sobre el patrimonio invertido superiores al 27%, posicionado a las AFPs como uno de los más grandes y exitosos intermediarios financieros a nivel mundial.Sin embargo, estos excesivos beneficios contrastan con las rentabilidades registradas por los fondos de pensiones (8,8% nominal desde el inicio de los multifondos), además de representar importantes costos transaccionales para los afiliados/cotizantes. Estos costos transaccionales, al ser evaluados con una perspectiva de largo plazo al momento de calcular la rentabilidad neta de las inversiones que componen los fondos de pensiones, se traducirán en un deterioro significativo al importe de las prestaciones a pagar en el futuro.

Las Comisiones por Administración de los aportes de los trabajadores cobradas por las AFPs, oscilan entre 0,47% y 1,54% como porcentaje del salario imponible, llegando incluso a niveles de superiores al 2.5% previo a la reforma previsional del año 2008 que incorporó el mecanismo de licitación de carteras. Esta gestión involucra, además del pago de pensiones,  la recaudación e inversión de los aportes en el mercado local e internacional. A estas comisiones por administración (las que de no existir podrían ser entendidas como una contribución adicional al fondo de pensiones para mejorar el monto de las prestaciones) se deben incorporar las denominadas “Comisiones Ocultas” del Art.45 bis del D.L 3.500 por la colocación de los ahorros que realizan las AFPs en fondos mutuos y de inversión en el extranjero, las que son de cargo de los afiliados. Según la Nota Técnica N°1 publicada por la Subsecretaria de Previsión Social en Noviembre de 2014, estos costos representaron en promedio un 0,261% del total del fondo de pensiones para el período 2004 -2013. Más aún, estas comisiones tienen un impacto negativo en la rentabilidad de los fondos según se indica en el Informe de la Comisión Bravo, particularmente en los fondos A, B y C, los cuales registran inversiones significativas en activos con estas características, además de la correspondiente merma que éstas tendrán en las pensiones autofinanciadas las cuales podrían verse disminuidas en alrededor de 1/5 y 1/3 de su valor.   

Con todo, es posible evidenciar que los costos por comisiones del sistema previsional, en cualquiera de sus formas, al ser evaluados conjuntamente, resultan altamente onerosos para los trabajadores, posicionándolos por sobre el costo promedio de intermediación de los países de la OCDE, medido porcentualmente respecto al total del fondo. En consecuencia, la segunda reflexión da cuenta que la continuidad del negocio de las AFPs no es fundamental para la sobrevivencia del modelo de capitalización individual, ya que el conjunto de las actividades que actualmente realizan este tipo de entidades son perfectamente ejecutables por corporaciones sin fines de lucro de carácter público, financiadas vías impuestos generales o simplemente a través de una contribución que garantice su óptima operación. Lo anterior tira por la borda aquellas propuestas orientadas a mejorar la competencia en la industria previsional por medio de una sistemática rebaja de las comisiones cobradas por las AFPs, y en particular al mecanismo de devolución de comisiones por administración anunciado por la Presidenta, ante escenarios de rentabilidad negativa, ya que de ninguna manera las AFPs reintegrarán el 100% de dicha comisión y más aún esta potencial compensación podría ser insuficiente para compensar la magnitud de las eventuales pérdidas que pudieran registrar los fondos de pensiones en el futuro.    

En lo que respecta a las “Comisiones Ocultas”, las cuales como se mencionó deterioran la rentabilidad y contribuyen a precarizar las pensiones, la solución pasa por la eliminación del sistema de multifondos creado el año 2002 en el gobierno de Ricardo Lagos, no obstante y después del anuncio de la Presidenta queda claro que no hay espacio para transformaciones estructurales al sistema, sino que dichas comisiones solo serán revisadas y en principio traspasadas como un costo de las administradoras. A mi juicio, esta medida no trasuntará más allá de una simple revisión del actual mecanismo de comisiones de intermediación máximas vigentes regulado por la Superintendencia de Pensiones, el cual representa un subsidio de los afiliados/cotizantes a las utilidades de las AFPs, las cuales se verían significativamente reducidas si fueran parte de su estructura de gastos. En consecuencia y para resolver esta problemática, se debe apelar al “poder dormido de la gente”, tal como se titula una columna posterior a la marcha NO + AFP  publicada en El Mostrador, el cual se traduce en un proceso sistemático de traspaso de los ahorros al Fondo E, el que mantiene una exposición muy limitada a los instrumentos financieros que involucran estos pagos por comisiones. Esta estrategia además traería como resultado un replanteamiento substancial de la lógica de multifondos, que se vería altamente impactada y por tanto debería ser desechada.         

Por otro lado, tanto el líder de la Comisión Asesora Presidencial, David Bravo como la Presidenta nos han transmitido últimamente que Chile cuenta con un sistema mixto de pensiones el cual se compone de un pilar de contribuciones definidas y un segundo que corresponde al conocido Pilar Solidario, el cual se pretende seguir fortaleciendo, junto con la creación de un Fondo Solidario que será financiado a través del aumento gradual en la tasa de cotización a un 5% de cargo del empleador. Sin embargo, es preciso establecer que Chile no cuenta con un sistema de pensiones mixto, como si lo es el propuesto por los integrantes de la Comisión Bravo quienes suscribieron la “Propuesta Global B”, puesto que el actual carece de un componente de reparto basado en la solidaridad intergeneracional. Es más, Chile hasta el año 2008, año de la reforma previsional del primer gobierno de la Presidenta, no contaba con un sistema de pensiones completo, situación que resultó en la creación del Pilar Solidario financiado con el presupuesto público. Por lo tanto, la tercera reflexión es que el Gobierno distorsiona los hechos al pretender hacernos creer que el país ha avanzado en materia de seguridad social.

Finalmente, el problema de las bajas pensiones responde a un sinfín de variables, como por ejemplo, las ineficiencias propias del mundo del trabajo que muestran un importante retraso en materia de salario mínimo, precaria calidad del empleo, lagunas previsionales, etc. Lo anterior, sumado a la exposición de los ahorros previsionales a los riesgos propios de los mercados de capitales, los que no producen ningún tipo de certidumbre para el ahorro de los trabajadores. Por el contrario, esta exposición sitúa estos ahorros en un contexto en el cual su capital previsional se podría ver altamente deteriorado cuando se encuentra gestionado por medio de un sistema de multifondos, en donde, el más de 1 millón de trabajadores que actualmente recibe el salario mínimo, en la eventualidad que sus contribuciones se encuentren depositadas en aquellos fondos que presentan un mayor grado de volatilidad, serán sujetos de un significativo detrimento en sus prestaciones futuras, ya que la capacidad de su capital previsional es insuficiente para absorber las pérdidas resultantes de las ineficiencias y shocks del sistema financiero y el mercado de capitales. Ahora bien, los anuncios del Gobierno no tendrán un impacto positivo en lo inmediato en el monto de las pensiones, es decir, en cuestión de meses no habrá una mejora de las pensiones de vejez por retiro programado, las cuales no superan los $120.000 al 31 de mayo de 2016. En consecuencia, no debemos esperar a que los anuncios del Gobierno se transformen en potenciales reformas, ya que no tienen por objetivo una transformación en materia previsional, sino que buscan perpetuar las lógicas de mercado vigentes durante décadas en nuestro país. Por lo tanto, son los trabajadores quienes deben forzar las transformaciones por medio de mecanismos tan simples como realizar un traspaso masivo de los ahorros al “Fondo E” y un cambio a una misma AFP lo que resultaría en la insolvencia y desaparición de la gran mayoría de las seis AFPs del sistema, obligando al Estado en su rol subsidiario a tomar el control de la administración de los fondos previsionales. De no mediar estas acciones, veremos como las necesidades de transformación se diluyen en el Congreso sin resultar en cambios concretos a la estructura de seguridad social vigente, porque no debemos olvidar que esta Gran Gallina de los Huevos de Oro ha sabido alimentar de manera transversal y muy bien a sus pollos de la clase política. 

Fuente: http://www.elclarin.cl/web/opinion/politica/19862-las-afps-y-capitalizacion-individual-la-gran-gallina-de-los-huevos-de-oro-que-se-resiste-a-morir.html